
COMENTARIO GRÁFICA DE LAS DESAMORTIZACIONES

Introducción
El documento en cuestión consiste en una
gráfica de barras, en la vertical (ordenada) se han colocado en
valores absolutos los importes en reales de vellón y en la horizontal
(abscisa) en periodos los años en los que se produjeron esos valores
desamortizados a la iglesia y a los municipios. Estas desamortizaciones fueron
realizadas en el siglo XIX tras el Real Decreto de Mendizábal y la Ley de Madoz
cuando ocupaban el ministerio de Hacienda en los años 1836 y 1855 respectivamente.
Es una fuente secundaria sin que sepamos quién o quiénes son los autores
de la gráfica, ni su fecha de publicación, y la temática es económica
de expropiación forzosa de bienes eclesiásticos y civiles.
Análisis
En esta gráfica se observan 4 etapas diferentes:
a) Un primer período (1836-1844) que se corresponde
con la aprobación del decreto de Desamortización de Mendizábal de 1836 (19 de
febrero) y los años inmediatamente posteriores a su entrada en vigor[1]. En estos años la venta de
bienes eclesiásticos procedentes de la expropiación es muy alta, llegando el valor
de las propiedades a 3.400 millones de reales de vellón. Por el contrario, los bienes
civiles representan un escaso valor no superando los 100 millones de reales. Este
hecho nos demuestra que Mendizábal se propuso desvincular especialmente las
propiedades de la Iglesia y con los ingresos obtenidos de su subasta pública financiar
la guerra carlista, disminuir la deuda pública y atraerse a las filas isabelinas
a los compradores de esas propiedades religiosas.
El real decreto de Mendizábal se realiza en 1836 cuando la situación
política era bastante delicada, ya
que se mantenía el conflicto carlista iniciado a la muerte de Fernando VII. El
carlismo pretendía mantener el sistema del Antiguo Régimen; por ello, la reina
gobernadora, María Cristina, tuvo que aliarse a los sectores liberales en busca
de apoyo para su hija, la futura Isabel II. Los sectores liberales, por su
parte, aprovecharon esta coyuntura para presionar en uno de los temas más
destacados, el cambio en la estructura de propiedad y la liberalización de la
economía, sobre todo tras el Motín de la Granja (23 de agosto de 1836) que
motivó la puesta en funcionamiento de la Constitución de 1812 sustituyendo al
Estatuto Real de 1834. Las órdenes religiosas afectadas en el
contexto de la época habían apoyado claramente al carlismo como defensor de la
sociedad de Antiguo Régimen y se habían pronunciado claramente contra el
Trienio Liberal y el liberalismo. Dichas órdenes no habían estado exentas de
revueltas populares anticlericales en Madrid (1834, por el cólera), Reus,
Zaragoza y Barcelona (1835). La situación social ya estaba tensa por la
epidemia de cólera de 1834 que había provocado el aumento de los precios de los
alimentos y se incrementaba el descontento popular con los ataques carlistas o
los rumores de ataques carlistas como era el caso de Madrid.
b) Un segundo período (1845-54) en el que con claridad
se interrumpe ese proceso; las fincas eclesiásticas expropiadas y vendidas apenas
suponen 200 millones de reales de vellón siendo las propiedades civiles irrelevantes
(50 millones). Esta parálisis del proceso desamortizador está relacionada con el
cambio de gobierno tras el fin de la regencia de Espartero y la subida al poder
de los moderados. Una de las primeras medidas que tomaron fue detener la expropiación
y venta de los bienes eclesiásticos ya que esto perjudicaba los intereses de la
Iglesia y en su programa político el moderantismo defendió el poder y la influencia
de la institución eclesiástica en todas las esferas del país.
c) El tercer período (1855-56) se corresponde con
un nuevo cambio de gobierno; en este caso es el partido progresista[2] el que sube al poder tras la
Vicalvarada del General O’Donnell[3] y en 1855 su ministro de Hacienda,
Pascual Madoz publica la Ley General de Desamortización (1-5-1855)
por la cual se ponen en subasta todos los bienes civiles de propios y comunales,
sobre todo de los municipios. Por eso en esta 2ª desamortización serán las propiedades
civiles las que superen con creces a las eclesiásticas en su valor de reales de
vellón de la gráfica. En esta etapa las expropiaciones civiles llegan a 500 millones
de reales y las eclesiásticas a 450 millones. También la desamortización de Madoz
afectó a bienes de la Iglesia que aún no habían sido desvinculados. La finalidad
de esta ley era favorecer el desarrollo industrial del país subvencionando a las
compañías que invirtieran en la construcción de la red ferroviaria.
La ausencia de bienes desamortizados del año 1857, se deben a
los enfrentamientos y cambios políticos que se iniciaron en el año 1856 provocados
por la agitación la agitación social creciente que llevó al enfrentamiento y a la
ruptura entre Espartero y O'Donnell y la caída de Espartero en julio de 1856.
El nombramiento del líder de la Unión Liberal O’Donnell (julio de 1856) como presidente
del gobierno se inició un proceso de revisión de la labor del bienio que
finalmente trajo la vuelta de Narváez y los moderados al poder en octubre
de 1856. Se volvía así al régimen moderado de la Constitución de 1845 y
a la paralización de la acción desamortizadora.
d) El último período (1858-67) coincide con un nuevo
gobierno, de carácter moderado (Unión Liberal y posteriores gobiernos moderados).
Estos años son los de verdadera aplicación de la Ley de Madoz por lo que se multiplican
los bienes expropiados llegando los de los ayuntamientos a 2.800 millones de reales
y los eclesiásticos a 1.300 millones; no tuvo objeciones los diferentes gobiernos
moderados en aplicar esta ley puesto que afectaba principalmente a las propiedades
civiles y menos a las eclesiásticas.
Esta época estuvo
marcada por dos momentos históricos, primero el “gobierno largo” de
la Unión Liberal de O'Donnell de 1858 a 1863 constituyó la etapa de
mayor estabilidad política del reinado de Isabel II. Periodo marcado por la euforia
económica ("boom" de los ferrocarriles) y por el intervencionismo exterior:
guerra de Marruecos (1859-1860), intento fallido de recuperar Santo Domingo, expedición
a México, guerra contra Perú y Chile...; esta amplia actividad bélica apenas dio
ningún resultado práctico. Y, en segundo lugar, por la vuelta de los moderados
(1863-1868), la vuelta de Narváez al poder en 1863 marca el inicio del período
terminal del partido moderado. La inestabilidad política y la deriva autoritaria
de los gobiernos caracterizaron una etapa en la que la bonanza económica llegó a
su fin tras la crisis económica de 1864. Los intentos de insurrección como el motín
de San Gil en Madrid en 1866 fueron duramente reprimidos. El creciente autoritarismo
del anciano Narváez llevó a la formación del Pacto de Ostende: unionistas,
progresistas y republicanos se aliaron para derribar a Isabel II y al régimen moderado.
Comentario
La labor desamortizadora llevada a cabo por lo distintos
gobiernos liberales durante los años centrales del siglo XIX afectó más en conjunto
a los bienes eclesiásticos que a los civiles. Esto nos demuestra la enorme riqueza
e importancia que la Iglesia tenía en la España del siglo XIX, mucho mayor que la
de los municipios.
El liberalismo español pensaba que con la desvinculación
de las propiedades en “manos muertas” y su salida al mercado los nuevos compradores
invertirían y mejorarían los rendimientos de sus fincas propiciando el desarrollo
económico del país. Por otro lado, también se quería que el pequeño campesino accediera
a la propiedad de esas tierras, produciéndose así una reforma agraria que mejorase
las condiciones de vida del campesinado en general. Pero nada de esto ocurrió. Los
nuevos propietarios fueron casi siempre burgueses que no explotaban directamente
sus fincas y que no invirtieron en su mejora. A lo sumo se generó un aumento de
la superficie cultivada pero no de los rendimientos, ya que gran parte de las propiedades
de la Iglesia y ayuntamientos estaban ocupadas por monte bajo y bosques que fueron
roturados y puestos en cultivo. Además, los campesinos no pudieron comprar unas
fincas subastadas libremente en el mercado que fueron adquiridas en muchos casos
por especuladores o burgueses urbanos (funcionarios, militares, profesionales liberales)
ajenos al mundo rural y que lo que pretendían eran ganar dinero rápido y de manera
fácil. Por otro lado, los campesinos vieron perjudicado su situación económica al
no poder aprovecharse del uso de las propiedades comunales de los ayuntamientos
que tras la desamortización de Madoz fueron privatizadas. Muchos de ellos sufrieron
un proceso de proletarización que los convirtió en jornaleros trabajando
por un salario en las fincas de los nuevos compradores. Esto provocará en años posteriores
numerosas revueltas campesinas con ocupaciones de fincas, quema de cosechas, matanzas
de ganado, robos, destrucciones de los registros de propiedad, etc. que demuestran
el enorme descontento que la reforma agraria liberal generó entre el campesinado
español.
A modo de conclusión, las desamortizaciones beneficiaron
a la clase burguesa, ayudó a afianzar el liberalismo en España, fracasó como intento
de reforma agraria agravando las desigualdades sociales en el campo, no resolvió
los problemas de escasa productividad y atraso del campo español y tampoco ayudó
al despegue industrial puesto que la agricultura no demandó maquinaria agrícola
ni tampoco elevó el poder adquisitivo del campesinado español que permitiría el
surgimiento de un mercado nacional que demandase productos industriales.
[1]
Con anterioridad el gobierno del conde de Toreno aprobó la Real Orden
de Exclaustración Eclesiástica del 25 de julio de 1835 por la que se
suprimían todos los conventos en los que no hubiera al menos doce religiosos
profesos.
El 11 de octubre de 1835 se decretó la supresión de
todos los monasterios de órdenes monacales y militares.
[2] Bienio Progresista de
Espartero (julio de 1854 a julio de 1856).
[3] El pronunciamiento milita
del general O’Donnell del 28 de junio de 1854 pone fin a la década moderada
(1844-54)
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